17/11/2025
Desde el 14 de noviembre de 2025, todas las personas que emplean a trabajadoras del hogar están obligadas a tener un plan de prevención de riesgos laborales conforme al Real Decreto 893/2024. Este cambio implica cumplir con deberes equiparables a los de cualquier otro sector en materia de seguridad y salud laboral, independientemente del número de horas trabajadas, tipo de contrato o si la relación es interna o externa.
¿Qué implica esta obligación?
La vivienda donde se presta el servicio se considera, a efectos legales, un centro de trabajo. Así, el empleador dice:
- Realizar una evaluación de riesgos de todas las tareas habituales: limpieza, cocina, planchado, uso de productos químicos, operaciones con electrodomésticos, y posturas, entre otros.
- Implementar medidas para eliminar o reducir riesgos, documentándolas por escrito y facilitando copia a la trabajadora.
- Proporcionar gratuitamente equipos de protección individual (EPIs) adecuados y reponerlos cuando sea necesario.
- Garantizar que la empleada reciba información y formación previa al inicio de su actividad y cuando cambien las condiciones o se detecten nuevos riesgos.
- Ofrecer vigilancia de la salud, como reconocimientos médicos, de manera voluntaria, gratuita y con periodicidad, al menos, trienal si existen riesgos.
Consecuencias de incumplir la normativa
No cumplir con estas obligaciones puede conllevar sanciones administrativas tras inspecciones de trabajo y poner en riesgo la validez de la contratación. Es crucial conservar toda la documentación que acredite la evaluación de riesgos, la formación impartida y la entrega de EPIs.
Cómo cumplir y facilitar el proceso
Se recomienda utilizar herramientas como “Evalúa-t Hogar” del INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) para la identificación de riesgos y la elaboración del plan de prevención personalizado. Es aconsejable documentar todos los procesos y, en caso de dudas, contar con asesoría jurídica o técnica especializada que garantice el cumplimiento de la normativa.
La nueva obligación de prevención de riesgos laborales en el empleo doméstico supone una modernización necesaria y una garantía de derechos para las empleadas, equiparándolas al resto de sectores y reforzando la seguridad jurídica de los empleadores.
