La venta de inmuebles públicos en la Comunidad de Madrid, entre los que figuran cuatro propiedades en la emblemática calle Gran Vía, el inmueble de Martínez Campos y el polémico ático utilizado por Isabel Díaz Ayuso, ha reabierto el debate sobre la gestión de las arcas públicas. Con una operación con la que se pretende ingresar cerca de 18 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid, el Gobierno regional asegura que la recaudación se destinará íntegramente a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los devastadores incendios.
No obstante, la viabilidad técnica y legal de este trasvase millonario genera serias dudas. En declaraciones en televisión, Álvaro Sánchez, abogado de Legalión Abogados, aclara las claves de esta maniobra financiera:
«Es aprovechar la situación y la venta de varios inmuebles que se han planteado antes de los incendios», señala Sánchez, advirtiendo además sobre el destino habitual de estos fondos: «Suele ser bastante habitual que se utilicen para partidas presupuestarias extraordinarias».
El reparto final de estos recursos dependerá directamente del cierre del ejercicio contable de Planifica Madrid y de su posterior distribución de dividendos, dejando en el aire si la promesa de reconstrucción inmediata se materializará o si quedará postergada en el entramado burocrático de la administración.
