04/11/2026, Periódico del Mediterráneo, Ramón Pérez
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castelló de la Plana (Plaza 1) ha condenado a una gestoría a indemnizar con 20.709,26 euros a un trabajador extranjero que perdió su empleo como consecuencia de los errores cometidos en la tramitación de su autorización de residencia y trabajo, según ha informado Legalión Abogados -encargada de presentar la demanda- en un comunicado.
La sentencia, de 26 de octubre de 2026, estima íntegramente la demanda presentada e impone además a la gestoría el pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda y de las costas del proceso.
Tres errores
Según la sentencia, la gestoría cometió tres errores que no llegó a discutir en el procedimiento. Primero solicitó una prórroga de la estancia por estudios, una figura inadecuada para quien ya tenía un empleo, y lo hizo a través del Registro Electrónico General en lugar de la plataforma específica Mercurio. Después presentó una solicitud como si el trabajador ya fuera titular de una autorización de residencia y trabajo que se quisiera renovar, cuando lo procedente era la modificación prevista en el artículo 199 del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011). Por último, presentó la solicitud en Alicante, cuando la provincia competente era Castellón.
Como ha relatado Legalión Abogados, en febrero de 2024 la Oficina de Extranjería inadmitió la solicitud e indicó expresamente cuál era el cauce correcto. Sin cobertura administrativa, el trabajador fue despedido en marzo de 2025. El afectado solo pudo regularizar su situación más tarde, con la intervención de otra gestoría, ha apuntado Legalión Abogados.
«Esta sentencia confirma algo que parece evidente, pero que con frecuencia se olvida: quien acepta un encargo profesional asume la responsabilidad de hacerlo bien», ha señalado Mario Rodríguez, abogado de Legalión Abogados que ha dirigido la defensa del trabajador.
«Mi cliente confió en la gestoría para algo tan importante como conservar su permiso de trabajo y, por una cadena de errores, perdió su empleo y vivió meses de angustia ante la posibilidad de tener que abandonar España. Que el tribunal reconozca íntegramente el daño moral es especialmente relevante, porque pone en valor el sufrimiento real que hay detrás de un expediente mal tramitado», ha concluido.
Noticia también publicada en: Diario de Alicante, Cadena SER, Información y El Debate.
