Una trabajadora con enfermedad común presentaba una combinación de graves trastornos psicológicos, que habían requerido varios ingresos hospitalarios, junto con limitaciones físicas y auditivas. El conjunto de estas patologías le impedía desarrollar cualquier tipo de trabajo con la continuidad, eficacia y rendimiento mínimos exigibles.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el recurso presentado por el INSS y confirmó la incapacidad permanente absoluta ya reconocida, con efectos desde el 31 de marzo de 2025 y derecho a una base reguladora mensual de 1.129,50 €.
La sentencia reafirma un criterio importante: la valoración de la incapacidad no puede analizar cada patología de forma aislada, sino en su conjunto, cuando la suma de limitaciones psicológicas y físicas resulta incompatible con cualquier actividad laboral mínimamente exigible.
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