15/07/2021
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer Estado de Alarma. Parte de los jueces que votaron a favor de esta sentencia, defienden que las limitaciones de movilidad no encajaban dentro del estado de alarma, pero sí en el estado de excepción, que no se instauró. Por eso, se abre la posibilidad de devolución de las multas del Estado de Alarma para aquellos ciudadanos que ya hayan pagado por este tipo de infracciones.
Los ciudadanos que fueran multados pero aún no hayan abonado la cantidad correspondiente, no deberán hacer frente a dicho pago. No obstante, aquellos procesos judiciales con sentencia firme no podrán ser recurridos. Tampoco se podrán realizar reclamaciones patrimoniales alegando funcionamiento anormal del Estado legislador.
En la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se asegura que si la lesión provocada «es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional», el damnificado puede conseguir una indemnización si el particular ha obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que le ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Resolución del Tribunal Supremo y denuncias
La resolución del Tribunal Supremo ha limitado lo recogido en la ley mencionada anteriormente, ya que podía desembocar en una avalancha de reclamaciones. Dicha sentencia remarca la responsabilidad del ciudadano de cumplir las normas para evitar la propagación de la pandemia.
Por tanto, se limita el riesgo de daño patrimonial que hubiera tenido que asumir el Estado sin esa previsión. La pandemia provocó con el confinamiento una gran pérdida de empleos y cierre de negocios. Concretamente, la hostelería sufrió enormemente y se convirtió en uno de los sectores más afectados.
Posteriormente a la finalización del estado de alarma, todas las administraciones públicas se han enfrentado a un ingente número de denuncias referentes a su gestión del COVID. En estas se exigían reclamaciones millonarias por daños provocados a sus patrimonios. Estos conflictos jurídicos aún están en un punto inicial y pasarán años hasta su resolución.
Así, podemos concluir que cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por la gestión institucional de la crisis, puede sentirse con el derecho de acudir a los tribunales y denunciar. Este es el caso de sectores como el sanitario, que pueden denunciar la falta de equipos de protección adecuados contra el COVID, exponiéndose en todo momento.
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