09/05/2023
Recientemente, se ha aprobado la nueva versión de la Ley de Vivienda en España, que incluye una serie de reformas clave sobre la situación de la vivienda en el país. Uno de los cambios más notables es la modificación del concepto de «grandes tenedores«, que ahora se aplica a propietarios con 5 inmuebles en áreas calificadas como «tensionadas», en lugar de los 10 que se requerían anteriormente. Esto perjudica tanto a grandes empresas como a propietarios individuales que dependen del alquiler de sus propiedades para subsistir.
Además, la ampliación de la declaración de zonas tensionadas afectará a más propietarios y podría provocar una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, lo que afectaría especialmente a los jóvenes que no pueden permitirse comprar una vivienda.
Otro cambio importante es que los gastos y honorarios inmobiliarios correrán siempre a cargo del propietario, lo que aumenta los costes para los propietarios y puede llevar a una mayor desincentivación para invertir en el mercado de alquiler.
Además, se ha ampliado el plazo para los desahucios, lo que puede perjudicar a los propietarios que dependen de los ingresos del alquiler. El propietario no podrá desahuciar al inquilino que no paga en prácticamente 2 años porque se incluyen nuevas prórrogas que podrán ser solicitadas por el mismo. Evidentemente tendremos a personas en riesgo de exclusión que se vean favorecidas por estas prórrogas, pero debemos pensar que un propietario de una vivienda, que puede ser su única vía de ingresos, va a ser quien pague una falta de previsión social por las Administraciones Públicas para ofrecer una vivienda.
La regulación de los precios del alquiler también ha sido objeto de controversia. En países europeos que han introducido la norma, el control de precios reduce la oferta y limita la inversión, lo que puede tener un efecto contrario al deseado. Por otro lado, se ha eliminado el incremento del IPC para actualizar las rentas, y se ha establecido un aumento del 2% en 2023 y del 3% en 2024.
En resumen, la nueva Ley de Vivienda en España presenta tanto ventajas como desventajas para propietarios e inquilinos. Es importante considerar cuidadosamente su impacto y analizar cómo se pueden mitigar sus efectos negativos mientras se promueve el acceso a la vivienda para todos.
