Nuestra clienta enfrentaba la ejecución de una sanción administrativa que, según alegamos, ya había prescrito. Argumentamos que la Administración había superado el plazo legalmente establecido para ejecutar la sanción, lo que invalidaba cualquier acción punitiva contra nuestra clienta.
El juzgado corroboró nuestros argumentos, reconociendo la prescripción del derecho de la Administración a ejecutar la sanción y eximiendo a nuestra clienta de cualquier consecuencia derivada de la misma.
Resultado: Conseguimos una resolución favorable que protege a nuestra clienta de la ejecución de una sanción ya prescrita. Este caso reafirma la importancia de conocer y defender los plazos legales en materia administrativa.
