30/01/2023
La Ley 28/2022, de 21 de diciembre de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como “Ley de startups”, busca incentivar la creación de empresas alto valor añadido mediante una serie de medidas de ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral.
Qué es una startup y cuáles son sus requisitos
Una startup es una empresa de reciente creación caracterizada por ser innovadora, tener una base tecnológica y proyectarse al futuro con una gran capacidad de crecimiento. Cómo condición indispensable debe tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España.
Tal y como se establece en los artículos 3 y 4 de la Ley 28/2022, estas empresas deben ser de nueva creación o, en todo caso, con una antigüedad no superior a los cinco años. En el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España, no podrán contar con más de siete años.
Otro de los requisitos que estable la ley es que estas empresas no coticen en un mercado regulado ni hayan distribuido dividendos.
Estas empresas deben tener al menos el 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España. En las cooperativas se computarán dentro de la plantilla, a los solos efectos del citado porcentaje, los socios trabajadores y los socios de trabajo, cuya relación sea de naturaleza societaria.
Se considerará que una empresa emergente es innovadora cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico, industrial o en el propio modelo de negocio.
Por último, la Ley entiende por empresa de base tecnológica aquella cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de conocimiento científico-técnico y tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos o servicios y para la canalización de las iniciativas de investigación, desarrollo e innovación y la transferencia de sus resultados
Principales novedades fiscales de la Ley de startups
Las empresas que cumplan con todos los requisitos que hemos desgranado en el apartado anterior, contarán con incentivos fiscales y laborales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
El nuevo marco normativo establece un tratamiento fiscal específico para el carried interest calificándolos como rendimientos del trabajo los derivados directa o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos, incluidas comisiones de éxito. Se calificará como rendimiento del trabajo integrable al 50%, sin límite cuantitativo, siempre y cuando se cumplan unas condiciones de mantenimiento y de rentabilidad mínima para los inversores ordinarios del fondo.
Además, flexibiliza el régimen de autocartera de las empresas emergentes y permite que no incurran en causa de disolución por pérdidas hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.
Una de las principales ventajas fiscales para estas empresas es que se reduce el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades al 15% durante un plazo de 4 años desde el primer periodo en el que la base imponible resulte positiva hasta los tres siguientes.
La nueva Ley de startups mejora en el tratamiento fiscal de lasstock options para retribuir a trabajadores de startups: el trabajador de una empresa emergente puede recibir hasta 50.000 euros anuales en estas acciones o participaciones sin tener que tributar hasta que tome la decisión de venderlas (hasta un periodo máximo de diez años de su entrega) o en el caso de una salida a bolsa de la sociedad.
Introduce modificaciones en el régimen fiscal de impatriados y en materia migratoria para fomentar el teletrabajo internacional: se ha creado una nueva categoría de visado para nómadas digitales. Para emprendedores que quieran iniciar una actividad empresarial en España, se amplía la autorización inicial de residencia de uno a tres años. Además, podrán solicitar la renovación por dos años y obtener la residencia permanente a los cinco años y, para darse de alta en la Seguridad Social durante los primeros seis meses de residencia o estancia, será suficiente con su pasaporte.
Para los inversores extranjeros se incrementa la autorización inicial de residencia de uno a tres años.
Y, por último, en el caso de los estudiantes en prácticas, que estén en búsqueda de empleo o quieran emprender un proyecto empresarial una vez hayan concluido sus estudios, se amplía la autorización de residencia de uno a dos años.
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