En Legalion Abogados trabajamos para que cada cliente obtenga no solo el derecho que le corresponde, sino también la reparación adecuada cuando ese derecho le es negado injustamente. El caso que presentamos a continuación, resuelto ante el Juzgado de lo Social de Valencia, es un ejemplo claro de cómo las administraciones públicas, en este caso el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), pueden incurrir en conductas que rozan la discriminación, generando perjuicios económicos y emocionales a los ciudadanos.

Nuestra clienta solicitó ante el INSS el complemento de pensión por paternidad, un derecho reconocido jurisprudencialmente también a las mujeres jubiladas, y que supone un aumento económico en la prestación cuando se han tenido hijos a lo largo de la vida laboral. A pesar de cumplir todos los requisitos exigidos, el INSS denegó su solicitud sin una justificación clara, obligándola a iniciar un procedimiento judicial para que se reconociera su derecho.

Desde Legalion Abogados asumimos el caso con firmeza, convencidos de que la decisión administrativa no solo era jurídicamente incorrecta, sino que además suponía una actitud discriminatoria por parte del organismo público, que había adoptado una postura contraria a lo que venían reconociendo ya múltiples juzgados en todo el país.

A lo largo del proceso, aportamos jurisprudencia reciente que avalaba el derecho de las mujeres a percibir el complemento de paternidad, así como toda la documentación que acreditaba que nuestra clienta cumplía los requisitos de número de hijos, años cotizados y demás condiciones necesarias.

Frente a la solidez de nuestros argumentos, el INSS acabó reconociendo el complemento antes de que se celebrara el juicio. No obstante, desde Legalion consideramos que la simple concesión tardía no bastaba. Nuestra clienta había tenido que gastar tiempo, dinero y recursos para defender un derecho que nunca debió habérsele negado. Por ello, solicitamos además una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, amparándonos en el principio de responsabilidad patrimonial de la administración.

El Juzgado de lo Social de Valencia nos dio la razón: dictó una sentencia en la que no solo reconocía que la denegación inicial del INSS fue injusta, sino que también calificó su actuación como discriminatoria, ya que obligó a nuestra clienta a asumir unos costes que no le correspondían. Por ello, le concedió una indemnización de 1.800 euros, en concepto de gastos procesales, molestias sufridas y vulneración de su derecho a una administración diligente e igualitaria.

Este fallo es especialmente relevante porque lanza un mensaje claro: las administraciones no pueden actuar de forma arbitraria ni discriminar por razones de género, edad u otras circunstancias, y si lo hacen, deben responder por ello.

Para nuestra clienta, esta victoria supuso más que una compensación económica. Fue el reconocimiento de que no estaba sola y de que tenía razón, y que con el respaldo adecuado, incluso frente a grandes organismos, la justicia puede imponerse.

En Legalion Abogados seguiremos luchando por los derechos de nuestros clientes, especialmente cuando se trata de combatir la discriminación institucional. Porque no basta con que se reconozca un derecho: si se ha vulnerado, debe repararse con justicia y dignidad.